A- de 2024

Conflicto de jurisdicciones entre el Tribunal Administrativo de Santander y el Juzgado 25 Civil Municipal de Bucaramanga.

Se suscita la controversia por demanda ejecutiva presentada por un ciudadano, en contra de la Fiscalía General de la Nación por la suma referida en escrito de demanda, derivada de una sentencia que reconoció perjuicios morales a los representados por el demandante, a cargo de la demandada, en el marco de un proceso de reparación directa en la que el demandante alude tener derecho a unos honorarios.

Luego de verificar el cumplimiento de los presupuestos subjetivo, objetivo y normativo para la configuración de un verdadero conflicto entre jurisdicciones, la Sala Plena considera pertinente aplicar la regla de decisión del Auto 008 de 2022, según la cual, el conocimiento de las solicitudes de ejecución de condenas impuestas en sentencias judiciales proferidas por jueces de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, formuladas a continuación del proceso en el que se emitieron las condenas cuya ejecución se reclama, corresponde a esa misma jurisdicción de acuerdo con los artículos 298 y 306 del CPACA y el artículo 306 del CGP.

La Corte afirmó en dicha ocasión que, a partir del artículo 306 del CGP, aplicable por remisión del CPACA, es procedente la ejecución a continuación del proceso de conocimiento declarativo y condenatorio.

En este sentido, ha de entenderse que la solicitud de ejecución de providencias pretende el cobro de la condena, para que la providencia se cumpla dentro del mismo proceso, y no constituye una nueva “demanda ejecutiva separada o independiente”.

Por tanto, “es el mismo juez de conocimiento, esto es, aquel que profirió la sentencia condenatoria, el competente para conocer de esa solicitud de ejecución.

En consecuencia, la Corte dispone el envío del expediente al Tribunal Administrativo de Santander, para lo de su competencia y para que comunique la presente decisión a los interesados en este trámite y al Juzgado 25 Civil Municipal de Bucaramanga.